La Federación de Servicios Públicos de UGT Albacete ha conocido el último informe elaborado por la IGAE, dependiente del Ministerio de Hacienda, donde se manifiéstala cantidad de irregularidades en el control del gasto y la gestión del personal en la administración estatal. En este informe se dice que “ante la falta de recursos humanos suficientes, los órganos gestores están recurriendo a figuras como el contrato, la encomienda o el encargo, desvirtuando la naturaleza con la que nace la contratación administrativa". Los ejemplos que pone son múltiples. Este punto de vista viene a reforzar el planteamiento de UGT contrario a las privatizaciones y externalizaciones.
La FSP-UGT ha denunciado durante mucho tiempo las continuas amortizaciones de puestos de trabajo de empleados públicos como consecuencia de la contratación de sus funciones a empresas externas, alegando mediante certificado que tienen insuficiencia de medios. Esta práctica es habitual en los diferentes ámbitos ministeriales, fundamentalmente, Interior, Fomento, Ciencia e Innovación, Cultura, Medio Ambiente, pero también en los ámbitos regional y local, como ha denunciado FSP-UGT.
Cabe señalar que a nivel estatal, el Ministerio de Defensa, en el mes de octubre y noviembre del año 2008, se convocaron concursos para contrataciones externas por valor de 49 millones de euros. Se da la paradoja que, como consecuencia de las diferentes externalizaciones, el empleado público se ve obligado a trasladarse de su centro de trabajo o cambiar de funciones. Especialmente en el Ministerio indicado, se produce una situación singularmente grave en los centros dedicados al mantenimiento de los distintos elementos de apoyo a las fuerzas armadas. Esto, además, supone por la propia Administración, el incumplimiento de las previsiones contenidas en el Estatuto de los Trabajadores, en lo relativo al derecho de información que asiste a los representantes de los trabajadores. Esta situación se puede comprobar en la Maestranza Aérea de Albacete.
Estas contrataciones externas han dado lugar a múltiples fallos judiciales donde se ha reconocido que existe cesión ilegal de trabajadores, reconociendo al personal el estatus de indefinido no fijo. En esta línea se ha manifestado el Tribunal de Cuentas en su moción de febrero de 2009, dirigida al Parlamento, sin que hasta el momento conste que se haya realizado alguna acción en este sentido por parte de las Cámaras. Además las contrataciones se realizan, en una gran mayoría de casos, sin convocatoria pública.
La Federación de Servicios Públicos de UGT ha denunciado los hechos ante diferentes instancias, entre ellas el Ministerio de Administraciones Públicas, el Congreso de los Diputados, la Diputación Provincial, diferentes ayuntamientos, etcétera, así como a los propios Departamentos Ministeriales, sin que nos conste actuación al respecto.
En este sentido, mediante el Acuerdo Gobierno Sindicatos, suscrito el pasado 25 de septiembre, se incorporó a instancias de UGT, el compromiso de crear un Grupo de Negociación en el ámbito de la Administración General del Estado que analizase esta situación para adoptar medidas correctoras sobre el particular, sin que hasta el momento se haya convocado dicho Grupo.
La FSP-UGT ha denunciado durante mucho tiempo las continuas amortizaciones de puestos de trabajo de empleados públicos como consecuencia de la contratación de sus funciones a empresas externas, alegando mediante certificado que tienen insuficiencia de medios. Esta práctica es habitual en los diferentes ámbitos ministeriales, fundamentalmente, Interior, Fomento, Ciencia e Innovación, Cultura, Medio Ambiente, pero también en los ámbitos regional y local, como ha denunciado FSP-UGT.
Cabe señalar que a nivel estatal, el Ministerio de Defensa, en el mes de octubre y noviembre del año 2008, se convocaron concursos para contrataciones externas por valor de 49 millones de euros. Se da la paradoja que, como consecuencia de las diferentes externalizaciones, el empleado público se ve obligado a trasladarse de su centro de trabajo o cambiar de funciones. Especialmente en el Ministerio indicado, se produce una situación singularmente grave en los centros dedicados al mantenimiento de los distintos elementos de apoyo a las fuerzas armadas. Esto, además, supone por la propia Administración, el incumplimiento de las previsiones contenidas en el Estatuto de los Trabajadores, en lo relativo al derecho de información que asiste a los representantes de los trabajadores. Esta situación se puede comprobar en la Maestranza Aérea de Albacete.
Estas contrataciones externas han dado lugar a múltiples fallos judiciales donde se ha reconocido que existe cesión ilegal de trabajadores, reconociendo al personal el estatus de indefinido no fijo. En esta línea se ha manifestado el Tribunal de Cuentas en su moción de febrero de 2009, dirigida al Parlamento, sin que hasta el momento conste que se haya realizado alguna acción en este sentido por parte de las Cámaras. Además las contrataciones se realizan, en una gran mayoría de casos, sin convocatoria pública.
La Federación de Servicios Públicos de UGT ha denunciado los hechos ante diferentes instancias, entre ellas el Ministerio de Administraciones Públicas, el Congreso de los Diputados, la Diputación Provincial, diferentes ayuntamientos, etcétera, así como a los propios Departamentos Ministeriales, sin que nos conste actuación al respecto.
En este sentido, mediante el Acuerdo Gobierno Sindicatos, suscrito el pasado 25 de septiembre, se incorporó a instancias de UGT, el compromiso de crear un Grupo de Negociación en el ámbito de la Administración General del Estado que analizase esta situación para adoptar medidas correctoras sobre el particular, sin que hasta el momento se haya convocado dicho Grupo.
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